Las personas con diversidad funcional son especialmente vulnerables ya que los condicionantes económicos, políticos y normativos afectan directamente a su inclusión social, ocupando una posición comunitaria por debajo de la media. Así pues, existe una relación bidireccional entre diversidad funcional y exclusión social, siendo un factor fundamental la dificultad de accesibilidad a los servicios. La inclusión como proceso asegura que todos los miembros de la sociedad participan de forma equitativa en los diferentes ámbitos que la conforman, con el objetivo de construir una realidad más justa, que tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos.

   Con esta visión, el reto es transformar las relaciones de dominación propias del modelo anterior e incidir en las oportunidades de las personas para determinar las elecciones sobre su propia vida. La autodeterminación y autogestión consiguen el empoderamiento de las personas hasta ahora etiquetadas o consideradas como personas con diversidad funcional.